Por: Uriel Antonio Flores
Uriel es Licenciado en Derecho por la UNAM (Facultad de Estudios Superiores Acatlán) y cuenta con amplia experiencia en litigio civil y mercantil, así como en derecho corporativo. Su trayectoria abarca desde la elaboración de escritos jurídicos complejos y la gestión de procedimientos ante autoridades judiciales y administrativas, hasta la implementación de estrategias procesales y seguimiento integral de juicios. En A3 & Asociados, Uriel aporta su capacidad de análisis, precisión en la redacción y dominio práctico del litigio para atender de manera integral los asuntos de nuestros clientes.
En el mundo contemporáneo la apertura de los mercados ha influido en diversos aspectos de la vida común y social, lo cual ha propiciado la adopción de ficciones jurídicas que permitan otorgar un grado mínimo de seguridad en el desarrollo de las diversas operaciones de contenido patrimonial. Actualmente, gran parte de la circulación de bienes, servicios y capitales se realizan a través de personas jurídico-colectivas que ostentan personalidad jurídica y patrimonio propio, que acotan el grado de responsabilidad respecto al cumplimiento de obligaciones (civiles, administrativas y/o fiscales).
Particularmente, la ley General de Sociedades Mercantiles, permiten ejercer el derecho de asociación a través de sociedades personales donde los socios responden de manera subsidiaria y solidariamente, con la totalidad de su patrimonio ante acreedores o terceros; así como, las sociedades de capitales, las cuales acotan el grado de responsabilidad hasta el importe total de la participación de cada socio o accionista. No obstante, queda claro que en nuestro país abundan en gran medida, empresas donde no existe un riesgo personal de los inversores, es decir, nuestra economía se encuentra repleta de sociedades de capitales y muy esporádicamente por sociedades personales.
La respuesta sobre este particular radica en la simplicidad, flexibilidad de inversión y delimitación de responsabilidad, rubros que cuentan con una particular protección legal, la cual blinda o rodea a cada sociedad con la secrecía y confidencialidad que el principio de buena fe les concede a través del velo corporativo.
De tal modo, el velo corporativo constituye una figura jurídica que garantiza a las sociedades de capitales la seguridad jurídica de sus operaciones corporativas, mercantiles y financieras ante el Estado o terceros y buscan proteger la autonomía del patrimonio de sus socios con el de la sociedad.
De conformidad con la interpretación del Poder Judicial de la Federación, el velo corporativo determina un elemento indispensable para el desarrollo de las sociedades al momento de ejecutar operaciones de financiamiento, adquisición de bienes o servicios y comercialización de productos, pues todo aquello que bajo al amparo de la Ley se celebra, se presume válido y de buena fe.
No obstante, las instancias jurisdiccionales en materia de responsabilidad civil extracontractual, cumplimiento forzado de obligaciones y algunos procedimientos en materia de competencia económica, han evidenciado una faceta poco deseable en el ejercicio de la actividad corporativa, pues una parte de las sociedades legalmente constituidas en nuestro país bajo esquemas de capitales, han sido instrumentos para evadir el cumplimiento de obligaciones civiles, laborales y fiscales o, han alcanzado beneficios particulares en mercados específicos al integrar complejas estructuras de participación empresarial.
En otras palabras, nuestro país como centro de inversión de capitales, públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros, bajo los anteriores esquemas de regulación, han propiciado la práctica de hechos ilícitos, actos simulados, la evasión de impuestos y la confusión de capitales sociales, traduciéndose en un abuso de la personalidad de la sociedad y el creciente fraude a la ley.
Ahora bien, no debe pasar desapercibido que esta figura sin duda se encuentra vigente en nuestro sistema normativo, pero su interpretación y aplicación, ha sido dilucidado por las controversias que han llegado al conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se han marcado las pautas para levantar el velo corporativo bajo circunstancias de excepción y requisitos de acreditación o procedencia, en la cual se debe respetar la garantía de audiencia de los socios o agentes controladores, a los que se les pretende fincar la responsabilidad.
Su naturaleza restrictiva y subsidiaria solo puede ser decretada por las autoridades jurisdiccionales o administrativas que determinen fehacientemente a) un fraude a la ley, b) el incumplimiento intencional de obligaciones, c) la insuficiencia patrimonial de la sociedad para cumplimentar las obligaciones asumidas y lógicamente, d) el abuso del derecho o la buena fe, donde su aplicación, permite hacer extensivo el grado de responsabilidad de la sociedad con el de sus socios o la relación directa con otras sociedades bajo esquemas de control corporativo y producción en cadena.
En síntesis, el levantamiento del velo corporativo parte de la premisa de que el sistema jurídico protege todos los actos u operaciones realizados en legalidad y de buena fe. Sin embargo, no puede proteger todos aquellos actos o hechos practicados en ilicitud o de mala fe, los cuales, independientemente a sus consecuencias jurídicas, deben ser declarados contrarios a derecho y nulos cuando se aporta a la instancia correspondiente, los medios de convicción suficientes para demostrar un perjuicio directo o indirecto.
Luego entonces, cuando las personas que integran o ejercen un grado de control corporativo de una o varias sociedades y las utilizan como instrumento para realizar actos ilícitos de manera deliberada e intencional para defraudar a sus acreedores o a las diversas autoridades administrativas, el levantamiento de del velo corporativo permite hacer efectivo, no sólo el necesario cumplimiento de obligaciones e imposición de sanciones, sino que, otorga la garantía de indemnización por los daños y perjuicios a quien padece la afectación.
Adicionalmente, los efectos del levantamiento del velo corporativo permiten delimitar la relación directa que tienen los socios con diversas sociedades que integran grupos empresariales y general, revelar al amparo de la ley, la autonomía interna de la empresa, entendiendo que si bien la personalidad jurídica y patrimonio de una sociedad, son autónomas, la manifestación de su voluntad como ente abstracto, en última instancia, pertenece de quienes la integran o mantienen el control corporativo.
Finalmente, diversos especialistas en materia corporativa han determinado que el intervencionismo del Estado de nuestros días ha transgredido la naturaleza implícita de la materia corporativa y mercantil, es decir, la secrecía, celeridad y autonomía de las sociedades, imponiendo cargas regulatorias excesivas (administrativas, laborales, fiscales y sociales) que impiden el libre desarrollo de los mercados e industrias. Sin embargo, en opinión de un servidor, estas legislaciones y la necesidad de levantar el velo corporativo, son el producto del abuso del derecho y la buena fe que el Estado ha concedido por décadas a las sociedades de capitales.
La línea entre lo licito y lo indebido, es mínima, pero aquellos que abusan de la personalidad jurídica de una o varias sociedades para defraudar la ley, beneficiarse a costa de terceros y evadir el cumplimiento de obligaciones, asumen de facto, el riesgo de perder su patrimonio o ser acreedores a las sanciones previstas en la ley, que es la pena mínima que deben recibir por ejercer este tipo de prácticas.